“Reflections on my time at La Coalición de Derechos Humanos: Barriers to finding people in immigrant detention” // “Reflexiónes sobre mi tiempo en La Coalición de Derechos Humanos: Barreras a localizando a personas en centros de detención inmigratorias

Durante mi pasantía aquí en La Coalición de Derechos Humanos, he tenido la oportunidad de participar en el Programa de Personas Extraviad@s haciendo entrevistas, el Equipo de Llamadas a Centros de Detención localizando a migrantes extraviad@s, proyectos de escribir y traducir reportes, y en juntas de la comunidad. Todos los proyectos y juntas en Derechos se han basado en trabajar dentro de redes de comunidad que proporcionan apoyo mutuo, que ha sido beneficial para los proyectos y mi proceso de aprendizaje. Como parte del Programa de Estudios Fronterizos, Derechos Humanos ha enriquecido mi conocimiento sobre la sistema industrial de prisiones que afecta a personas indocumentadas, los derechos de inmigrantes, y la militarización de la frontera que son todos fenómenos con consecuencias graves para personas reales cada dia. Ha sido un honor y una inspiración poder trabajar con personas quienes están resistiendo estos sistemas opresivos en nuestra comunidad de Tucson y de más allá. Mi proceso de conocimiento me ha presentado con preguntas y la curiosidad de explorar respuestas, y aunque lo que conozco mejor es mi proceso de complicar esas preguntas más que encontrar sus respuestas, quiero compartir un poco de lo que he aprendido.

Porque están cruzando personas por el desierto?

En los últimos veinticinco años, la frontera entre EEUU. y México se ha transformando bajo una serie de operaciones fronterizos trabajando en parar la fluidez que ha caracterizado la región por siglos. Antes de los 1990, las ciudades en la región fronteriza funcionaron como centros de migración documentada y no documentada saliendo y llegando a los EEUU. En los primeros años de 1990, el fiscal general de los EEUU. (United States Attorney General) y el centro de servicios de inmigracion y naturalizacion estadounidense (Immigration and Naturalization Services; una agencia gobiernatal luego reorganizado bajo el departamento de seguridad de la patria estadounidense conocido como U.S. Department of Defense) anunció la Estrategia de la Frontera Suroeste (Southwest Border Strategy) para parar la migración indocumentada empleando una estrategia conocida como prevención por disuasión (“prevention through deterrence”). La estrategia incluye militarizar la frontera entre EEUU. y México por medio de expandir el número de agentes en la patrulla fronteriza por 117% entre 1993 y 1998, construyendo paredes dentro y alrededor de ciudades fronterizas, y implementando nuevas tecnologías como torres de vigilancia, vehículos militares, helicópteros, y zumbidos para patrullar la región fronterizo de EEUU.-Mexico por completo. Una serie de operaciones estatales se comenzaron en Tejas (“Operation Hold the Line” & “Operation Rio Grande”), California (“Operation Gatekeeper”), y Arizona (“Operation Safeguard”) entre 1993 y 2003 para parar la llegada de migrantes indocumentados a los EEUU. en puntos de entrada históricamente populares. El propósito de estas operaciones federales y estatales es filtrar migrantes a regiones desolados y peligrosos que puedan funcionar como una barrera “natural” para las personas entrando a los EEUU. La combinación de estos esfuerzos ha sido referido como el “efecto embudo,” (“The Funnel Effect”) y es una estrategia directamente conectado a la muerte de migrantes.

Qué le pasa a un migrante después de ser aprehendido?

Después de ser aprehendido, una persona es sujeto a una continuidad de custodias. Las agencias y instalaciones de las cuales esta continuidad de custodia puede incluir son los siguientes: la policía local y estatal, patrullas de autopista, del Departamento de Seguridad Interior (DHS) hay El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), del Departamento de Justicia hay El Cuerpo de Alguaciles (USMS) y El Servicio Federal de Prisiones (BOP), y las prisiones estatales, cárceles del condado, y prisiones privados que forman parte del Departamento de Correcciones. Al inicio de estar en la custodia de CBP, una persona puede ser detenido por hasta 72 horas en celdas de corto plazo antes de ser transferido a otra agencia. En otros casos, personas tienen la opción de ser deportados voluntariamente o repatriados expeditamente. Ser deportado voluntariamente no se considera un deportación formal, y no significa que la persona nunca puede regresar a los EE.UU., mientras que un repatriado expedita no requiere una audiencia judicial pero si se considera una deportación formal. En el evento de que una persona elige la opción de ser deportados voluntariamente o repatriados expeditamente, bajo El Sistema de Consecuencias (CDS), una persona puede ser repatriado lateralmente. Bajo El Programa de Salidas de Extranjeros (ATEP) de CBP, se ha visto la práctica de repatriación lateral con el sentido de interrumpir a redes de contrabando. Repatriación lateral deporta a migrantes a diferentes sectores de la frontera de las cuales entraron, dejándolos en áreas desconocidos.

En otras instancias, personas pueden ser puestos en la custodia de otras agencias, como ICE, que normalmente deporta a personas quienes han estado en centros de detención por períodos extendidos. Detención de largo plazo puede suceder porque una persona esta buscando asilo, solicitando una audiencia judicial formal, o porque han sido procesados al nivel federal. Un ejemplo del fenómeno de procesamiento federal es Operación Streamline en Tucson, AZ. Operación Streamline es un juicio en masa para inmigrantes indocumentados que resulta en cargos federales por entrada o reingreso a los EE.UU, con consecuencias que pueden resultar en penas obligatorias de entre 180 días a 20 años dentro de prisiones federales. En estos casos, personas están puestos bajo la custodia de USMS o BOP, y al final de la sentencia son transferidos a ICE y deportados por el programa de Operaciones de Ejecución y Repatriación (ERO).

Cuales son barreras que afectan la búsqueda de personas detenidas?

Hay muchas barreras afectando la búsqueda de personas detenidas. Es común que personas cruzando sin documentos usen identidades e identificaciones falsificadas con la intención de proteger a ellos mismos y a sus familias, que puede tener el hecho de complicar el proceso de localizar a personas extraviadas. Alternativamente, si personas si presentan identidades correctas a agencias y centros de detención, sus archivos pueden ser descuidados y no actualizados por el sistema burocrático de transferir a personas. En estas instancias, también en casos en que la información de agencias no es brindado durante la búsqueda, puede dificultar la precisión y eficacia de sistemas de base de datos por el teléfono y internet. Ya que una persona entra a un centro de detención, en el dia lunes que sigue su llegada, la persona está asignado un número de comisario, que funciona como una cuenta de bancaria dentro de prisiones por la cual una persona puede pagar por llamadas telefónicas y otras materiales que puedan necesitar. Dinero depositado en la cuenta no es procesado hasta el dia lunes que sigue el depósito. Esto quiere decir que este proceso atrasado puede privar a personas de la oportunidad de comunicar su local con personas quienes lo están buscando. En detención de corto y largo plazo, se ha visto una serie de casos en que la propiedad de personas deportados o transferidos no han sido regresados a la persona (ej. teléfonos celulares, dinero, ropa etc.), limitando la habilidad de ponerse uno en contacto con familia y amigos. Aunque estas barreras en la búsqueda de personas extraviadas no incluyen la posibilidad de situaciones en que la persona se pierde en el desierto, en hospitales, en morgues, en otros países después de ser deportados, o son implicados en crimen organizado, esto es un breve resumen sobre la falta de humanidad que se ve en centros de detención y sistemas relacionados que pierden y confunden a personas.

–Isabel Ball

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During my time as an intern at La Coalición de Derechos Humanos, I have had the opportunity to participate in the Missing Migrant Project, conducting intake interviews, being a part of the Detention Center Call Team locating missing migrants, report writing and translating projects, and partaking in community meetings. All the projects and meetings at Derechos have been centered around working in community networks of mutual support, which has been beneficial to the effectiveness of the work itself and my own personal learning growth. As part of the Border Studies Program, Derechos Humanos has enriched my knowledge of the prison industrial system as it pertains to undocumented peoples, immigrant rights, and border militarization as they seriously impact real people every day. It has been a true honor and source of inspiration to work with people seeking to address and resist these oppressive systems in our Tucson community and beyond. My conscientization process has led me to ask questions and explore their answers, and although what I know my personal process in complicating the questions more than their answers, I would like to share a bit about what I’ve learned.

Why are people crossing through the desert?

Over the past twenty-five years, the U.S.-Mexican border has transformed under a series of border enforcement operations working to stop the fluid migration that has characterized the region for centuries. Before the 1990s, cities along the Southwestern border served as major centres of both documented and undocumented migration to and from the U.S. In the early 1990s, the United States Attorney General and Immigration and Naturalization Services (a government agency later absorbed and reorganized under Department of Homeland Security) announced a Southwest Border Strategy to stop undocumented immigration in an approach known as “prevention through deterrence.” The strategy included increasing militarization along the U.S.-Mexican border by expanding the number of border patrol agents by 117% between 1993 and 1998, putting walls up within and around major border cities, and implementing new technologies such as surveillance towers, military grade vehicles, helicopters, and drones to patrol the entire border region. A series of state operations were begun in Texas (“Operation Hold the Line” & “Operation Rio Grande”), California (“Operation Gatekeeper”), and Arizona (“Operation  Safeguard”) between 1993 and 2003 to halt entries into the U.S. along historically popular crossing points. The purpose of these state and federal operations was to filter migrants into more desolate and treacherous regions of the border, focusing on Arizona, that would then function as “natural” barriers to entering the U.S. The combination of these efforts is referred to as “the funnel effect,” and is a strategy directly related to the death of migrants because migrants are now pushed out of urban centers and into rural areas if they want to cross–often unaware of the distances they will have to travel and the extreme hot and cold tempuratures of the Sonoran Desert.

What happens to a migrant once they are apprehended?

There are several chains of custody that a person can be subject to upon detention. The agencies and facilities that these chains of custody might include are the following: local and state police or highway patrol, the Department of Homeland Security’s (DHS) Customs and Border Patrol (CBP) and/or Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Department of Justice’s (DOJ) U.S. Marshals (USMS) and/or the Bureau of Prisons (BOP), and the Department of Corrections’ state prisons, county jails, and/or private prisons. When a person is initially put into CBP custody, they are held for up to 72 hours in short-term holding cells before being transferred to another agency, or in other cases, before being given expedited removal or voluntary departure. Voluntary departure is not a formal deportation, and does not ban a person from returning to the U.S. while an expedited removal does not require a hearing before a judge but is considered an official form of deportation. In the event that a person chooses voluntary departure or expedited removal, under CBP’s Consequence Delivery System (CDS), a person may be laterally repatriated. Under the Alien Transfer and Exit Program (ATEP), CBP has been known to practice a lateral repatriation strategy in an attempt to break up smuggling networks. Lateral repatriation deports migrants to different sectors or cities along the border from which they entered, leaving them in unfamiliar areas.

In other instances, people can be placed under in other agency’s facilities, such as ICE, which usually carries out deportations that occur after longer periods of detention. Longer periods of detention might occur because a person is seeking asylum, requesting a formal court hearing, or because they have been federally prosecuted. One example of such federal prosecutions is Operation Streamline in Tucson, Arizona. Operation Streamline is a mass trial for undocumented immigrants resulting in federal charges for either entry or reentry into the U.S., with consequences that can range between 30 days to 20 years in federal prison. In such instances, people are placed into the custody of USMS or BOP, and at the end of their sentence are transferred to ICE and deported through their Enforcement and Removal Operations (ERO).

What are barriers to finding people in detention?

    There are several barriers to locating people in detention. It is common for people crossing without documents to use false identities and identifications in order to protect themselves and their families, which can often make searching for missing people a slower process. Alternatively, if the correct identities are provided to agencies and facilities, their records can be sloppy and not up to date because of the bureaucratic transferring of human bodies. Such instances, as well as information withholding, can hinder the accuracy and effectiveness of phone and online database searches. Once a person is placed into detention, on the Monday following their arrival they are assigned a commissary number, which is essentially used as a bank account within prisons with which a person may pay for phone calls and other material goods they might need. Money placed into the account is not processed until the Monday following the deposit, meaning that this slow process can deprive people of the chance to communicate their location to those looking for them. After both long and short term detention, there have been several noted cases of people being deported or transferred to new facilities without having their property returned to them (e.g. cell phones, money, clothing etc.), which seriously limits a person’s ability to contact their friends and family. Although these barriers to finding people do not include the possibility of people who become lost in the desert, hospitals, morgues, other countries after deportation, or are affected by organized crime, it is a brief look at the inhumanness and inadequacy of detention centers and systems that lose and confuse human beings.

–Isabel Ball

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